En Tulum comenzó a circular un nuevo tabulador de taxis que divide el municipio en 24 zonas y que el Sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” presenta ante usuarios como un “tarifario oficial”. Sin embargo, el documento difundido no exhibe elementos básicos de validación administrativa, como número de acuerdo, firma, sello, fecha de autorización ni referencia a una publicación del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).
La principal duda no es solo el aumento de precios, sino si esos cobros cuentan o no con respaldo de la autoridad competente. De acuerdo con la Ley de Movilidad de Quintana Roo, las tarifas del transporte deben ser establecidas y publicadas por el Instituto, mientras que los concesionarios están obligados a mostrar únicamente las que hayan sido aprobadas previamente.
Aumentos relevantes frente al tabulador anterior
La comparación con el esquema estatal de 2019 muestra incrementos importantes en varios trayectos. Uno de los casos más notables se observa en La Veleta, donde un recorrido que costaba 31 pesos fue dividido en tres zonas con tarifas de 50, 80 y hasta 100 pesos. En la zona 3 de ese sector, el aumento reportado llega a 222.6 por ciento.
También destacan otros viajes frecuentes: el trayecto Centro–Yaax Tulum pasó de 32 a 70 pesos, mientras que Centro–Zona Arqueológica subió de 49 a 90 pesos. En todos los casos, el nuevo esquema introduce diferencias por zonas que no estaban contempladas en el tabulador anterior, que consideraba 18 divisiones.
El argumento del sindicato y el punto pendiente
El secretario general del sindicato, Manuel Enrique Solís Alcocer, sostuvo que la reconfiguración busca dar certeza a las personas usuarias. Además, informó que los colectivos de la ruta Tulum–Playa del Carmen tendrán una imagen uniformada y tarifas homologadas mediante códigos QR, los cuales también serían colocados en los paraderos para que los pasajeros consulten precios antes de abordar.
Aunque esa medida podría facilitar la información al usuario, no resuelve la pregunta central: quién autorizó los incrementos. El material difundido no explica públicamente si existe una resolución administrativa, un estudio técnico o un mapa oficial que sustente el rediseño tarifario.
Si el Imoveqroo aprobó los cambios, deberá hacer pública la decisión y precisar desde cuándo están vigentes. Si no los autorizó, correspondería ordenar su retiro y aclarar cuánto debe pagarse actualmente en cada ruta. Mientras eso no ocurra, persiste la incertidumbre para residentes y turistas, que podrían quedar expuestos a cobros variables sin certeza sobre su legalidad.
El caso coloca nuevamente sobre la mesa una discusión clave para la movilidad en Tulum: la diferencia entre una tarifa exhibida por un sindicato y una tarifa oficialmente autorizada por la autoridad estatal.
Conclusión
El nuevo tarifario de taxis en Tulum expone una tensión entre la información que difunde el sindicato y la falta de claridad sobre su respaldo legal. Mientras la autoridad estatal no precise si los cobros fueron autorizados, la certeza para los usuarios seguirá en duda.
