La promesa de un acceso más asequible a la zona arqueológica de Tulum convive todavía con una práctica que genera molestia entre visitantes y comerciantes: la oferta insistente de tours a precios elevados en los accesos al sitio. Según testimonios recogidos en la fuente, algunas familias continúan siendo abordadas por personas que operan en los alrededores del estacionamiento y la entrada del parque, donde les presentan paquetes de hasta 900 pesos por persona.
El problema resulta especialmente visible en un contexto en el que autoridades federales y estatales impulsan Plan Tulum Renace, presentado el 17 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama. Entre sus medidas se incluye la entrada gratuita a playas y al Parque Nacional del Jaguar, además de una reducción del costo de ingreso a la zona arqueológica: 80 pesos para mexicanos y 265 pesos para extranjeros. La intención oficial es facilitar el acceso y reforzar la recuperación turística del destino.
El punto de contacto sigue siendo el estacionamiento
De acuerdo con los testimonios citados, los llamados jaladores ya no se colocan con la misma visibilidad sobre la carretera federal como antes, pero siguen presentes en las inmediaciones del acceso. Ahora, su intervención ocurre principalmente en los estacionamientos y a pocos metros de la puerta de entrada, un punto en el que el visitante ya se detuvo, pero todavía no encuentra con claridad a quién acudir ni cuáles son los precios oficiales.
Ese detalle no es menor. Mientras la tarifa de acceso al sitio arqueológico quedó fijada en 80 pesos para nacionales, los paquetes que se ofrecen en el acceso pueden multiplicar ese monto varias veces. En el caso descrito por la fuente, una familia mexicana de cuatro adultos habría recibido una propuesta de 900 pesos por persona, lo que elevaría el costo a 3,600 pesos antes siquiera de entrar a las ruinas.
Quejas por desinformación y ventas bajo presión
Las críticas no se concentran solo en el precio. Visitantes consultados por la fuente aseguran que la cercanía física de quienes ofrecen los servicios genera confusión sobre si trabajan para el sitio, el municipio o algún operador autorizado. Esa incertidumbre, afirman, favorece una sensación de presión al momento de llegar, justo cuando los turistas aún desconocen el funcionamiento del lugar.
Comerciantes de la zona reconocen que hubo operativos para retirar módulos no autorizados. En mayo, la dirección municipal de fiscalización informó que se habían desmontado al menos siete estructuras irregulares en los accesos a la zona arqueológica e instalado kioscos con información oficial. Sin embargo, también señalaron que los vendedores regresaron días después, lo que llevó a mantener vigilancia permanente en el área.
Medidas en marcha, pero sin una solución definitiva
El plan oficial contempla diez acciones, entre ellas presencia de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad turística, certificación de prestadores de servicios, un nuevo estacionamiento en el acceso sur, un transporte eléctrico interno por 20 pesos y un nuevo sistema de movilidad para el municipio. La certificación aparece como la medida más directa para distinguir a operadores legales de quienes ofrecen servicios sin autorización, aunque por ahora no se ha informado una fecha de inicio.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Para autoridades y empresarios, se trata de un punto clave en la recuperación de confianza de los visitantes. Para los comerciantes que denunciaron el problema, la situación sigue sin resolverse del todo: la presión ya no se concentra en la carretera, pero persiste en el umbral mismo de una de las principales atracciones turísticas de México.
Conclusión
La reducción de tarifas buscó hacer más accesible la visita a Tulum, pero la experiencia de llegada sigue marcada por ofertas informales y falta de claridad en los accesos. La certificación de prestadores y la vigilancia permanente aparecen como las herramientas más inmediatas para ordenar la entrada al sitio, aunque todavía no alcanzan para cerrar el problema.
