La sección 5 del Tren Maya, el tramo que conecta Cancún con Playa del Carmen y se extiende hacia Tulum, continúa en servicio mientras sigue vigente una resolución judicial que ordenó a la Profepa reforzar la supervisión ambiental sobre esa zona. Se trata de un caso que ha generado confusión en la cobertura pública: la medida no suspendió directamente la obra ferroviaria, sino que estableció obligaciones específicas para la autoridad ambiental federal.
De acuerdo con la información disponible, el tribunal colegiado que resolvió el amparo promovido por el colectivo Sélvame del Tren instruyó a dos áreas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones de verificación, inspección, conservación y protección relacionadas con las actividades en la sección 5. Además, ordenó que una de esas oficinas diera trámite formal a las denuncias ciudadanas presentadas por presuntos daños ecológicos en el corredor.
La diferencia no es menor. En el procedimiento de amparo, una suspensión definitiva funciona como una medida cautelar mientras el fondo del caso sigue su curso. Es decir, no equivale a una sentencia final ni implica necesariamente la cancelación de los trabajos. En este caso, el mandato recae sobre la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento ambiental, no sobre la empresa ferroviaria como destinataria directa.
El tramo volvió a vender boletos y a operar con normalidad
Mientras esa supervisión permanece en el expediente judicial, los trenes siguen circulando. El 15 de agosto se reactivó el servicio directo entre Cancún y Playa del Carmen con dos salidas por sentido, según la información publicada por medios locales. El trayecto está programado en alrededor de 49 minutos y se complementa con un servicio alimentador, Tren Maya Conecta, que enlaza estaciones con aeropuerto, zonas hoteleras y áreas comerciales.
La reapertura del servicio confirma que, al menos en términos operativos, la ruta no fue interrumpida por la resolución. También explica por qué persiste la discrepancia entre el relato mediático de febrero, que habló de una “suspensión” amplia, y el contenido real del fallo. En los hechos, el tren continuó funcionando y la obligación judicial quedó concentrada en la vigilancia ambiental.
La disputa se concentra en un terreno geológicamente frágil
El conflicto en esta franja del proyecto se arrastra desde 2022 y tiene como trasfondo la naturaleza del suelo de Quintana Roo. La ruta Cancún-Tulum atraviesa terreno kárstico, caracterizado por roca caliza porosa, cavidades inundadas, ríos subterráneos y cenotes. Organizaciones ambientalistas han denunciado perforaciones y pilotes en esa zona, al considerar que pueden afectar los sistemas de cuevas bajo la obra elevada.
En febrero, Sélvame del Tren afirmó haber presentado 180 denuncias ante instancias municipales, estatales y federales, la mayoría vinculadas con la sección 5. El colectivo sostuvo que había documentado contaminación por cemento y daños estructurales en el sistema de cuevas de Quintana Roo. También advirtió que volvería a acudir a los tribunales si detecta omisiones por parte de Profepa.
Qué sigue en el expediente
Hasta ahora no se ha hecho público un informe de cumplimiento de Profepa sobre las inspecciones ordenadas por el tribunal. Tampoco hay un reporte detallado sobre qué revisó la autoridad, qué halló o qué medidas adoptó en la sección 5. Esa ausencia es clave, porque deja abierta la duda sobre el alcance real de la supervisión judicial.
La discusión se complica además por la mezcla de resoluciones distintas. Por un lado está la orden emitida por un tribunal mexicano, con efectos directos para la autoridad ambiental. Por otro, existe una resolución del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, de carácter moral y documental, pero sin capacidad para obligar a dependencias mexicanas. Confundir ambos documentos ha alimentado interpretaciones erróneas sobre el estado legal del proyecto.
Por ahora, el panorama es doble: los trenes siguen corriendo en la sección 5 y la resolución de febrero sigue pendiente de un reporte público que permita saber si la inspección ordenada realmente se cumplió.
Conclusión
La sección 5 del Tren Maya permanece abierta al servicio, pero el expediente judicial y la vigilancia ambiental sobre el tramo siguen sin un cierre claro. Sin un reporte público de Profepa, la resolución de febrero continúa siendo una obligación pendiente más que una conclusión definitiva.
