El crecimiento acelerado de las rentas vacacionales en Tulum, especialmente en zonas alejadas o con asentamientos irregulares, encendió alertas entre representantes del sector hotelero, que advierten riesgos para los visitantes y una mayor presión sobre los servicios públicos.
David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y de la Asociación de Hoteles de Tulum, sostuvo que la expansión de plataformas de alojamiento ha impulsado la especulación inmobiliaria y la construcción de desarrollos que, en varios casos, no cuentan con condiciones básicas para recibir turistas.
Servicios básicos y seguridad, los principales puntos de tensión
De acuerdo con el dirigente, quienes se hospedan en este tipo de inmuebles requieren acceso confiable a agua, drenaje, electricidad, recolección de basura y seguridad. Cuando las propiedades se ubican en zonas sin infraestructura suficiente, esos servicios pueden verse rebasados.
Ortiz Mena también señaló que algunos proyectos quedaron inconclusos al haberse levantado con la expectativa de obtener ingresos por renta vacacional. Esa situación, dijo, puede derivar en riesgos adicionales para los huéspedes y para el entorno urbano.
El debate regulatorio va más allá de Tulum
El representante hotelero afirmó que la regulación en Quintana Roo va por detrás de la que existe en otros destinos internacionales. Como ejemplo, mencionó casos como España, donde hay mecanismos para registrar la identidad de los huéspedes, y París, donde el alquiler de una vivienda principal está limitado por un periodo determinado, mientras que otras propiedades requieren permisos específicos.
En contraste, señaló que en el estado las plataformas de renta corta han crecido con mayor velocidad que la supervisión institucional, lo que abre un debate sobre reglas homogéneas para distintos modelos de hospedaje.
El peso de las plataformas en la oferta de alojamiento
Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, las plataformas de renta vacacional, en particular Airbnb, representan alrededor del 19% de la oferta total de alojamiento en la entidad. Ortiz Mena afirmó que Tulum registra 4,295 rentas vacacionales activas, mientras Cancún suma 6,273, aunque este último municipio tiene aproximadamente cuatro veces más inventario hotelero.
En el caso de Tulum, cerca del 95% de las publicaciones corresponden a viviendas completas y no a habitaciones privadas. El dirigente agregó que una parte importante de esa oferta se ubica en áreas sin infraestructura adecuada, incluidas algunas colonias de origen informal.
Enforcement, clave para el cobro de la contribución ambiental
Otro punto de preocupación es el cumplimiento del Derecho de Saneamiento Ambiental. Ortiz Mena señaló que la ley municipal obliga tanto a anfitriones como a intermediarios digitales a pagar esta contribución, pero consideró necesario reforzar la vigilancia para asegurar su recaudación y entrega a las autoridades.
Los recursos, recordó, se destinan a programas de saneamiento y medio ambiente que también benefician a quienes usan estas plataformas.
El sector hotelero insiste en que no busca desaparecer las rentas vacacionales, sino establecer condiciones de competencia más equilibradas y una supervisión más eficaz. El objetivo, planteó Ortiz Mena, es proteger la imagen turística de Tulum, garantizar la seguridad de los visitantes y asegurar que esta actividad deje beneficios económicos y fiscales para la comunidad.
Conclusión
La discusión sobre las rentas vacacionales en Tulum refleja un reto compartido por destinos turísticos en expansión: equilibrar innovación, inversión y alojamiento con seguridad, orden urbano y cumplimiento regulatorio. Para el sector hotelero, ese ajuste es necesario para proteger la experiencia del visitante y la sostenibilidad del destino.
