Un juez civil de Playa del Carmen ordenó que la posesión de un predio ubicado en Tulum fuera entregada al demandante a mediodía del martes, en un nuevo capítulo de un conflicto de tierras que se arrastra desde 2016 y que ha tenido varias vueltas judiciales.
De acuerdo con el documento judicial, la diligencia se refiere al terreno asociado con el negocio comercial Naay Tulum Beach, ubicado dentro del polígono agrario del Núcleo de Población Ejidal José María Pino Suárez, en el sur de Tulum. La instrucción también facultó a dos funcionarias judiciales para solicitar apoyo de la fuerza pública y, si era necesario, abrir cerraduras para ejecutar la entrega.
Hasta el momento en que se conoció la resolución, no había confirmación pública de que la diligencia se hubiera llevado a cabo. Tampoco se habían difundido avisos del juzgado, posicionamientos de autoridades municipales ni versiones de las partes involucradas sobre el resultado de la orden.
Una ejecución judicial con facultades amplias
La resolución fue emitida por un juez de instrucción adscrito al juzgado civil y familiar oral de primera instancia del distrito judicial de Playa del Carmen. El acuerdo fijó la entrega para las 12:00 horas del 11 de agosto y comisionó a dos actuarias, identificadas en el documento con iniciales, para cumplirla.
Según el expediente, las funcionarias quedaron autorizadas para pedir apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum y, de ser necesario, forzar los accesos al inmueble. Se trata de una vía de apremio, es decir, del mecanismo que usa un tribunal cuando una resolución ya debe ejecutarse y no seguir discutiéndose en la etapa ordinaria.
El predio forma parte de una zona marcada por litigios
El caso se inscribe en una disputa más amplia por tierras en la zona costera de Tulum, donde los conflictos de propiedad han sido frecuentes durante los últimos años. El expediente de origen data de 2016, el mismo año en que se registró uno de los desalojos más grandes en el municipio.
La misma zona ha sido objeto de resoluciones judiciales contradictorias. En 2021, una suspensión definitiva en un juicio de amparo devolvió la posesión a quienes promovieron ese recurso, y meses después actuarios entregaron físicamente el inmueble identificado como Naay Tulum Beach. Sin embargo, en 2023 hubo un incidente para modificar esa suspensión y después se levantaron impedimentos que frenaban la ejecución, lo que abrió paso a una nueva decisión sobre la posesión.
El documento conocido ahora no identifica con nombre y apellido a quien recibe el predio, lo que mantiene abierto un punto central: quién tendrá control material del inmueble una vez que concluya la diligencia, si es que ésta ya se ejecutó.
Antecedentes de un conflicto que no se ha resuelto del todo
La disputa por esta franja de Tulum está vinculada con litigios previos en el área de Punta Piedra, donde en 2016 se ejecutó un desalojo de 16 propiedades frente a la costa. Aquel operativo dejó fuera a cientos de turistas que se alojaban en pequeños hoteles y desató un debate público sobre la legalidad de la tenencia de la tierra.
Desde entonces, actores locales y autoridades agrarias han sostenido posiciones opuestas. En 2022, la Procuraduría Agraria afirmó que el ejido José María Pino Suárez no llega hasta la playa y que no son válidos los títulos ejidales que pretendían abarcar la franja costera. Pese a ello, los litigios han continuado y los expedientes han seguido moviéndose entre juzgados, amparos y diligencias de ejecución.
Por ahora, el dato relevante es que la orden existe y que buscaba concretarse al mediodía del martes. Lo que aún falta por confirmar es si la entrega se realizó o si el conflicto volvió a quedar en pausa, como ya ha ocurrido antes.
La resolución vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para Tulum: la falta de claridad pública sobre la ejecución de decisiones judiciales en predios costeros y el impacto que estos casos tienen sobre residentes, negocios y visitantes.
Conclusión
La orden judicial representa un nuevo avance en un conflicto patrimonial complejo, pero la falta de confirmación sobre su cumplimiento mantiene abierta la incógnita principal: quién controla hoy el predio y bajo qué condiciones se ejecutó, o no, la diligencia.
