La reciente aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum, impulsado por el gobierno anterior y el Cabildo, pone en grave riesgo el futuro del paraíso caribeño. ¡Descubre por qué este plan podría transformar radicalmente el rostro de Tulum!
El PDU, según Fernando Aznar Pavón, ex presidente de la AMPI, presenta serias irregularidades que podrían desencadenar conflictos sociales y legales. A pesar del rechazo de expertos y de la comunidad local, este plan fue aprobado sin un análisis profundo, lo que ha generado preocupaciones sobre su impacto en la gentrificación y el desplazamiento de los residentes.
Entre las polémicas, se destaca el punto 7.2.2 del documento, que deroga las normas de construcción y uso de suelo existentes. Esto significa que, tras su publicación, el PDU se convertirá en la única norma vigente, dejando en el aire contratos de compraventa y proyectos inmobiliarios en curso. Según Aznar, esto representa una violación de los procedimientos que garantizan un desarrollo urbano sostenible.
Lupita Portilla, ex presidenta del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, advierte que la nueva normativa podría desalentar las inversiones y dejar a los residentes originales, incluidos los de la población maya, en una situación económica precaria, obligándolos a abandonar la zona ante el encarecimiento de la vida.
Con una reducción drástica de la densidad de construcción, que limitará la altura y el número de viviendas en el municipio, los expertos alertan sobre una crisis económica inminente. Esta reducción no solo afectará el valor de los terrenos, sino que también elevará los precios de vivienda, volviendo inaccesible la vida en Tulum para muchos.
A medida que se anticipa la llegada de 7 millones de turistas, surge la pregunta: ¿dónde se alojarán? Los residentes temen que la presión sobre el mercado inmobiliario incremente, desplazando a la población original, tal como ha ocurrido en otras zonas urbanas.
A pesar de los esfuerzos por detener la implementación del PDU, los especialistas inmobiliarios planean interponer amparos. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el futuro de estos reclamos ante la reforma judicial.
