- Durante la conferencia de prensa semanal del Complejo de Seguridad de Quintana Roo, la secretaria general del estado, Cristina Torres, informó sobre los avances en la reforma de la Ley de Movilidad con el objetivo de abordar los problemas existentes y futuros en el transporte público.
Durante la conferencia de prensa semanal del Complejo de Seguridad de Quintana Roo, la secretaria general del estado, Cristina Torres, informó sobre los avances en la reforma de la Ley de Movilidad con el objetivo de abordar los problemas existentes y futuros en el transporte público.
Uno de los temas abordados fue el de los actos violentos de taxistas, en donde la secretaria afirmó que la Ley de Movilidad está presentando reformas continuamente para enfrentar las agresiones perpetradas por taxistas hacia unidades y conductores de plataformas digitales como Uber, así como a los usuarios que hacen uso de este servicio.
En el pasado, se buscaba sancionar a las concesiones de transporte público, lo que generó descontento entre el público debido a su aparente ineficacia al mantener en libertad a los individuos culpables de estas acciones. Para abordar esta problemática, la nueva reforma establecerá que, mientras se suspende la concesión, la fiscalía realizará las investigaciones adecuadas para determinar la responsabilidad de la concesión en los actos ilícitos perpetrados por sus miembros.
La diputada Torres detalló que se buscará una sanción más severa para aquellos involucrados en actos de violencia, proponiendo que, dependiendo del grado de participación y el tiempo dedicado a estas actividades delictivas, la persona involucrada ya no pueda obtener licencia de conducir y, por tanto, quede excluida del transporte público.
“La reforma buscará imponer sanciones penales ejemplares, no solo administrativas como lo hacía Imoveqroo”, destacó la secretaria. Además, señaló que el reglamento fue emitido poco más de una semana y media antes de entrar en vigor para agilizar su implementación.
Estas medidas buscan mejorar la seguridad en el transporte público y garantizar un ambiente más seguro tanto para los conductores como para los usuarios, asegurando que aquellos involucrados en actos delictivos sean debidamente sancionados y no pongan en riesgo la integridad de quienes utilizan estos servicios de movilidad.
