La organización ambiental Sélvame MX amplió su batalla legal contra la construcción de una carretera en el ejido Jacinto Pat, en Tulum, al sostener que la obra invade una zona vinculada con el sistema Sac Actún y que la empresa federal a cargo no tendría facultades para desarrollar vialidades.
El nuevo planteamiento fue presentado ante el Quinto Distrito Judicial, donde la agrupación pide que se determine si Tren Maya —la empresa estatal creada para desarrollar infraestructura ferroviaria— tiene atribuciones legales para ejecutar una obra de este tipo. El caso permanece abierto mientras avanzan los trabajos en el trazo cuestionado.
El eje del conflicto: facultades y permisos
De acuerdo con el abogado Raúl Aldama Gavilán, representante de Sélvame MX, la carretera se construye sobre una parte del sistema de cavernas y ríos subterráneos de Sac Actún, considerado uno de los más relevantes de la región por su relación con el abastecimiento de agua dulce.
La organización argumenta que el proyecto no habría pasado por una evaluación de impacto ambiental acorde con la sensibilidad del terreno. En su criterio, la obra enfrenta cuestionamientos tanto por su trazo como por el procedimiento administrativo que la autorizó.
Señalamientos sobre la continuidad de la obra
Sélvame MX también señaló que la Profepa colocó sellos de clausura en abril de 2025, pero que las labores continuaron pese a esas medidas. Esa afirmación forma parte de los argumentos con los que la agrupación busca reforzar su solicitud ante el juzgado.
Por su parte, José Urbina Bravo, buzo de cuevas y fundador de la organización, advirtió que las modificaciones al suelo podrían alterar los flujos subterráneos que alimentan los mantos de agua de la zona. También cuestionó que la obra haya sido clasificada como una carretera tipo “sacacosechas”, figura que le habría permitido acceder a una exención ambiental.
Una obra bajo revisión judicial
La agrupación sostiene además que la carretera cruza selva y supera los 10 metros de ancho, lo que, a su juicio, la aleja de la categoría con la que fue presentada originalmente. Con ese argumento, busca que el tribunal revise no solo la competencia legal de la empresa responsable, sino también la legalidad ambiental del proyecto.
Mientras el recurso sigue su curso, la construcción no se ha detenido. El desenlace dependerá de la resolución judicial sobre si la obra se ajusta o no a las normas aplicables y si la autoridad que la ejecuta cuenta con facultades suficientes para hacerlo.
Conclusión
El caso coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre infraestructura, facultades legales y protección ambiental en la zona de Tulum, en particular por la vulnerabilidad del sistema Sac Actún.
