La organización ambientalista Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informó que promovió un amparo contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al considerar que la dependencia no actuó con suficiente rigor frente a las denuncias por presuntos daños ambientales asociados a la construcción del hotel Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, en Chemuyil.
De acuerdo con la agrupación, el conflicto gira en torno a obras que habrían afectado arrecife, pastos marinos y zonas utilizadas por tortugas marinas para su reproducción. DMAS sostiene que Profepa reconoció más de 30 incumplimientos a la legislación ambiental, pero que, pese a ello, dio por cerradas las denuncias después de imponer multas, sin ordenar medidas de restauración.
Las acusaciones de la organización
La asociación señaló que desde 2020, en plena pandemia de COVID-19, comenzaron trabajos vinculados con infraestructura hotelera, una caleta y una playa artificial en la costa de Chemuyil. Según su postura, esas obras habrían rebasado lo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que motivó denuncias ciudadanas y revisiones de la autoridad ambiental.
DMAS afirmó que Profepa abrió expedientes y realizó inspecciones, pero permitió la continuidad de los trabajos aun cuando ya existían señalamientos por posibles afectaciones. En su versión, la respuesta de la dependencia no fue suficiente para detener el daño ni para garantizar la reparación de los ecosistemas involucrados.
Preocupación por tortugas y hábitat costero
Uno de los puntos que más preocupa a la organización es el impacto sobre las tortugas marinas. DMAS recordó que las playas cercanas al Santuario de Xcacel-Xcacelito forman parte de zonas de anidación y que cualquier alteración del entorno puede poner en riesgo a estas especies protegidas.
La agrupación también mencionó antecedentes de inconformidad por obras en Chemuyil. Entre ellos, denuncias previas sobre tortugas atrapadas en zanjas durante trabajos de construcción y una suspensión definitiva concedida por un juez federal en junio de 2020, relacionada con obras de Grupo Posadas. No obstante, la propia información difundida por la organización no detalla los elementos técnicos de esas resoluciones.
Qué busca el amparo
Con el recurso presentado, DMAS pretende que un juzgado revise la actuación de Profepa y determine si la autoridad cumplió con sus obligaciones de vigilancia, sanción y restauración ambiental. La asociación considera que una multa económica no sustituye las medidas necesarias para reparar daños que puedan acreditarse.
La organización dijo estar a la espera de la respuesta del Juzgado Tercero de Distrito. Hasta ahora, no ha difundido el número de expediente del nuevo procedimiento ni el desglose de los más de 30 incumplimientos que atribuye a la autoridad federal.
El caso se suma a otros episodios de disputa ambiental en la zona de Tulum, donde proyectos turísticos han generado observaciones por el impacto en arrecifes, manglares, pastos marinos y especies protegidas. En esta ocasión, el debate se centra en si la actuación de Profepa fue suficiente o si debió ir más allá de las sanciones económicas para garantizar la protección efectiva del entorno costero.
Conclusión
El caso reabre la discusión sobre la respuesta institucional ante obras en zonas costeras sensibles y sobre si las multas bastan cuando se denuncian posibles daños ambientales de largo plazo.
