El Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Cancún, ha reiterado la negativa a suspender el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum, a pesar de la demanda interpuesta por la organización civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano (Dmas). Esta asociación, que ha cuestionado la validez del PDU aprobado en septiembre de 2024, argumenta que su creación no cumplió con los procesos de consulta necesarios y que podría poner en peligro el medio ambiente de la región.
La demanda fue inicialmente presentada ante un juez federal por la asociación civil, que pedía la invalidez del programa bajo el argumento de que fue elaborado de manera unilateral por las autoridades municipales, sin la participación adecuada de la comunidad y sin considerar sus efectos ambientales. No obstante, el Juzgado Octavo de Distrito negó la suspensión provisional solicitada, lo que llevó a Dmas a apelar ante una instancia superior.
El Tribunal Colegiado, con base en recientes reformas impulsadas por el Congreso de la Unión, resolvió que los jueces y magistrados federales no pueden otorgar suspensiones de efectos generales que paralicen obras de interés público. Esta reforma, que también afectó otros proyectos, como el Tren Maya, ha sido objeto de controversia, pues limita el alcance de las decisiones judiciales sobre proyectos de gran impacto público.
Con la decisión tomada el pasado miércoles 27 de noviembre, la batalla legal por el PDU de Tulum continúa. Aunque el juicio está en sus primeras fases, se anticipa que seguirán más impugnaciones en las próximas semanas, lo que podría generar más debates sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente en este importante destino turístico.
