Quintana Roo enfrenta una pérdida sostenida de selva que, de acuerdo con estimaciones citadas por autoridades ambientales y organizaciones especializadas, ronda las 15,000 hectáreas al año. La presión proviene sobre todo del desarrollo inmobiliario y turístico en el norte del estado, mientras que en el sur pesa más la expansión agroindustrial.
El problema no se limita a una sola zona. La Procuraduría de Protección al Ambiente del estado, conocida como PPA, ha abierto alrededor de 430 expedientes contra desarrollos irregulares en lo que va del año. La mayoría se concentra en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, aunque la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable ha detectado al menos 780 asentamientos irregulares en los 11 municipios de la entidad.
Denuncias ciudadanas por desmontes en Playa del Carmen
En Playa del Carmen, vecinos reportaron presuntos trabajos de tala y desmonte sobre la avenida Constituyentes, en las inmediaciones de los fraccionamientos Palmas 1 y Misión de las Flores. Según los testimonios, maquinaria pesada ingresó al terreno como parte de la preparación de nuevos lotes y edificios de departamentos, y las labores comenzaron a inicios de noviembre.
Habitantes de la zona pidieron la intervención de la Dirección Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para verificar si las obras cuentan con autorización de impacto ambiental y con el permiso correspondiente para cambiar el uso de suelo en terrenos forestales.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de una inspección específica sobre ese predio ni de un posicionamiento oficial de las autoridades municipales o federales respecto al caso.
Clausuras y sanciones por daños ambientales
En casos recientes, la Profepa ha ordenado clausuras precautorias en terrenos que operaban fuera de la normatividad. El 21 de octubre, Semarnat anunció el cierre de un predio en Playa del Carmen tras confirmar el desmonte total no autorizado de 14,632 metros cuadrados de selva mediana subperennifolia.
La autoridad federal subrayó entonces que la remoción de vegetación forestal debe realizarse conforme a los requisitos legales para evitar daños a los ecosistemas y proteger los recursos naturales. Entre las faltas más comunes que han detectado las autoridades están la tala sin autorización ambiental y la afectación directa a hábitats de especies protegidas.
Un problema extendido en la península
La deforestación no es exclusiva de la franja turística. Un análisis técnico publicado en 2024 por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estimó que Quintana Roo perdió 58,319 hectáreas de cobertura forestal entre 2019 y 2023, es decir, un promedio de 14,595 hectáreas por año. El reporte atribuye gran parte de esa pérdida a la expansión inmobiliaria y al crecimiento urbano en la zona costera norte.
Otras mediciones, como las de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland, apuntan a una caída importante en Bacalar, donde se habrían perdido más de 68,000 hectáreas de bosque entre 2001 y 2023, además de unas 22,000 hectáreas de selva mediana entre 2018 y 2024, asociadas a la apertura de tierras para agricultura mecanizada.
Las autoridades ambientales han reiterado que las denuncias ciudadanas son clave para activar inspecciones y posibles clausuras. En el caso de la Profepa, pueden reportarse afectaciones al mar, manglares o humedales, así como proyectos sin manifiesto federal, mientras que la PPA atiende desmontes locales fuera de jurisdicción federal y tiraderos clandestinos. Para ambas instancias, las denuncias deben incluir ubicación precisa, evidencia fotográfica o en video y, cuando sea posible, datos de vehículos, maquinaria o letreros visibles en el sitio.
