La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en Nuevo León, luego de señalar una presunta triangulación por hasta 7 mil 200 millones de pesos vinculada al gobernador Samuel García Sepúlveda, de acuerdo con la información disponible en la denuncia citada por las fuentes.
El caso añade presión política y administrativa sobre la gestión estatal, en medio de señalamientos previos relacionados con posibles transferencias de dinero público a empresas vinculadas con el entorno familiar del mandatario. La nueva denuncia amplía el alcance de esas sospechas y apunta a posibles operaciones financieras dirigidas a despachos jurídicos relacionados con integrantes de su familia.
La postura de la Fiscalía estatal
El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aclaró que los hechos señalados por la ASF no corresponden a las investigaciones que la institución estatal había realizado con anterioridad. Según explicó, esos expedientes se analizaron con base en las pruebas disponibles en ese momento, pero no se trata del mismo universo de hechos ahora observados por la autoridad federal.
Flores Saldívar también indicó que la Fiscalía estatal aún no cuenta con una copia del oficio presentado por la ASF. Esa falta de documentación, dijo, impide por ahora que la autoridad local emita una postura de fondo sobre el nuevo expediente.
Antecedentes del caso
Los señalamientos federales tienen como antecedente una acción promovida por Morena el 8 de junio. En esa fecha, la dirigente estatal del partido, Anabel del Roble Alcocer Cruz, presentó ante el Congreso de Nuevo León una solicitud de juicio político contra García Sepúlveda, a quien acusó de presuntamente canalizar recursos públicos hacia compañías relacionadas con su círculo familiar.
En aquella denuncia, el monto mencionado rondaba los mil millones de pesos. Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que la ASF revisara el destino de los recursos federales transferidos a la entidad, lo que abrió la puerta a una revisión más amplia sobre el uso de esos fondos.
Qué se sabe y qué falta por aclarar
Por ahora, la información difundida no establece una resolución definitiva ni atribuye responsabilidades penales o administrativas. La propia fuente señala que será necesario esclarecer el origen, el destino y la justificación de los recursos observados, así como determinar si existen irregularidades y quiénes podrían estar involucrados.
En ese contexto, la denuncia de la ASF representa un nuevo frente de revisión sobre el gobierno de Nuevo León. El caso deberá pasar por las instancias correspondientes para definir si las operaciones señaladas efectivamente constituyen una irregularidad y, en su caso, qué consecuencias legales o administrativas podrían derivarse.
Mientras tanto, el episodio mantiene bajo observación la gestión de recursos públicos en la entidad y coloca nuevamente en el debate el alcance de la fiscalización federal sobre posibles desvíos o triangulaciones financieras.
